La interrogante que a menudo se plantea a quienes abogan por un cambio constitucional, con toda razón, es: ¿cuáles son exactamente sus propuestas para la Constitución? En muchas ocasiones, las respuestas suelen ser imprecisas, limitándose a consignas políticas difusas como «desmontar el modelo neoliberal» o hacer referencia a la implementación de derechos que ya están contemplados (aunque a veces se ignoren deliberadamente) en la Constitución.
No obstante, diversos proyectos de ley presentados por Perú Libre en los últimos meses, proyectos que aún están vigentes, ofrecen una visión más detallada de los cambios que se buscan. El equipo de Competencia y Mercados de EY Law ha recopilado y analizado estos proyectos de ley para evaluar las diferencias entre ellos y el posible impacto en términos de cambios normativos y bienestar social, incluyendo aspectos como crecimiento económico, pobreza y seguridad jurídica.
En lo que respecta a los proyectos de ley que buscan modificar el papel del Estado como empresario en la economía, se destacan iniciativas como los proyectos de ley N°1641, 1660, 1680 y 1699/2021-CR. Estos proponen que la iniciativa pública y mixta tenga la misma libertad que la privada. Se plantea que bajo este régimen «mixto», el Estado pueda intervenir directa o indirectamente en áreas como promoción de empleo, salud, educación, seguridad, servicios públicos, agricultura, conservación del ambiente, energía y minas.
Otros proyectos, como el N°1675/2021-CR y el N°1681/2021-CR, buscan modificar el artículo 59 para subrayar que el Estado no solo estimula la creación de riqueza, sino que también la garantiza. Se propone que el Estado oriente, promueva y participe en la actividad productiva en ámbitos públicos, privados y mixtos.
Adicionalmente, los proyectos de ley N°1642, 1653, 1660 y 1682/2021-CR modifican el artículo 60, reiterando que la actividad empresarial pública y mixta debe recibir el mismo tratamiento legal que la actividad empresarial privada. Se eliminaría el carácter subsidiario de la participación estatal en el mercado. Este cambio representa una modificación significativa, permitiendo al Estado competir en mercados donde ya existen empresas privadas, bajo la premisa de brindar productos o servicios más favorables para los consumidores. Sin embargo, se plantea la preocupación de que esta premisa no siempre se ajuste a la realidad.
Es importante señalar que, a diferencia de lo afirmado frecuentemente por defensores de un cambio en el modelo económico, la Constitución actual no prohíbe que el Estado participe como empresario, sino que establece requisitos para ello. Estos requisitos son considerados razonables, ya que la creación de empresas públicas conlleva costos financieros directos y puede introducir distorsiones en la competencia. La propuesta actual busca una regla diferente, otorgando al gobierno de turno una amplia discrecionalidad para crear empresas públicas en diversos sectores, un escenario que ya se vivió en el pasado con resultados poco favorables.
En resumen, la discusión constitucional se enfoca en cambios concretos, como la eliminación del principio de subsidiaridad en la actividad empresarial estatal, lo que permitiría una mayor flexibilidad para la participación del Estado en mercados donde ya existen empresas privadas. Este planteamiento genera debates sobre la necesidad de justificar la intervención estatal y evita situaciones similares a las experimentadas en décadas anteriores.